El primer artículo es claro, contundente y sintetiza el espíritu de la ley: “Prohíbase en todo el ámbito del territorio provincial, la práctica de la eutanasia, las matanzas y el sacrificio de perros y gatos por parte del Estado en cualquiera de sus niveles de Gobierno, ya sea en forma directa o indirecta, en los casos de tercerización de actividades estatales a través de cualquier persona física o jurídica”.
La norma fue aprobada ayer en la Legislatura y entrará a regir cuando la promulgue el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue impulsada originalmente por organizaciones defensoras de los animales, que procuran el control de la natalidad a través de métodos que no contemplen la muerte. Por este motivo, se la conoce como la ley de la castración masiva, lo que está justificado en su segundo artículo. En él se declara como objetivo “alcanzar, mediante métodos éticos y en el menor tiempo posible, el equilibrio poblacional de perros y gatos”; se lo entiende como la equiparación del número de animales con la disponibilidad de hogares que puedan albergarlos.
Se establece a la castración quirúrgica “como único método ético, seguro y definitivo de control poblacional”. Para alcanzar los resultados buscados será masiva (el 20% de los gatos y perros por año); sistemática (programadas, planificadas y sostenidas en el tiempo); gratuita; temprana (antes del primer celo, a los cinco meses del perro o del gato, en una modificación del dictamen de comisión reduciendo el plazo previsto originalmente); extendida a toda la provincia y abarcativa. Las hembras castradas se identificarán con un tatuaje y no se realizará el procedimiento en caso de preñez evidente o avanzada. También se obliga a la desparasitación.